Dos de los nueve decretos aprobados por la Asamblea Legislativa la madrugada del pasado 24 de diciembre sobre el Presupuesto 2021 serán vetados por la Presidencia de la República, según informó el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
De acuerdo con el funcionario, serán vetados los decretos que financiarán la brecha presupuestaria que contienen fondos para las alcaldías.
Zelaya detalló que los decretos son 800 y 803, de $50 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ambos son ratificación de préstamo.
Debido a que de estos, son $125 millones para las alcaldías.
«No hay justificación para entregarles fondos, porque son para atenciones de emergencia, cuáles fueron las acciones de los alcaldes, algunos no implementaron nada, no hay justificación legal ni de facto», sentenció Zelaya.
Según el Ministro, estos serán los únicos vetados, por lo que el Presupuesto 2021 está vigente como fue aprobado por el Congreso.
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Estos provienen del financiamiento aprobado para el déficit fiscal de este año por $1,185.8, cubierto con la utilización de los fondos autorizados bajo el decreto 608 de adquisición de préstamos para la pandemia de COVID-19; que son $1,342 millones; no obstante, $366 millones de estos corresponden al uso de las 262 alcaldías como parte de la designación inicial de estos fondos.
Por lo que el Gobierno solo podrá utilizar $975 millones, donde $125 millones de destinarán al aporte estatal para la cuenta de garantía solidaria para pensión mínima que aumentará de $207 a $305 mensuales este 2021.
Estos fueron los créditos aprobados el 24 de diciembre:
Se ratificaron cuatro préstamos: $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $50 millones también con el BID para el ramo de salud exclusivamente; así como $45 millones para el fortalecimiento de resiliencia climática y bosques cafetaleros y $50 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
También se autorizó la suscripción de un préstamo de $250 millones con el BID y se permitió que el Ejecutivo gestionara más deuda por $138 millones para completar el déficit fiscal.
