Por: Redacción YSKL
Un comité de víctimas de masacres ocurridas en el conflicto armado salvadoreño, acompañados de la Asociación Tutela Legal “Dr. María Julia Hernández”, se apersonaron en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, para presentar un escrito en el cual piden a la delegación, promover una condena internacional por la destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General de la República.
En el contexto de las investigaciones que se desarrollan en contra de oficiales de la Fuerza Armada señalados en tribunales de participar en crímenes de lesa humanidad, las organizaciones, consideran que las destituciones “representan un inminente retroceso a la búsqueda de justicia y mantiene en la impunidad judicial a los responsables”.
Este bloqueo, aseguran, está plenamente documentado en la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han condenado al Estado salvadoreño por incumplir resoluciones que ordenan acceso a la justicia y persecución de los autores materiales e intelectuales.
“El Presidente Nayib Bukele ha manifestado en reiteradas ocasiones que cumplirá dichas sentencias, pero en la práctica, por ejemplo, ni tan solo ha permitido el acceso a los archivos materiales, lo que significa proteger a los asesinos e incumplir las sentencias de la Corte”, señaló Alejandro Díaz, representante de Tutela Legal.
El abogado manifestó que ha quedado en “prevalencia el militarismo, por sobre la jurisdicción civil y penal”, y se ha incumplido el acceso a la justicia para las víctimas. “Se ha visitado lugares como El Mozote y se ha negado el acceso de los archivos”, subrayó.
En el escrito presentado este jueves, no solo piden condenar las destituciones, sino también exhortar al Estado salvadoreño, a restituir a los anteriores funcionarios. Esto incluye hacer un llamado a la Asamblea Legislativa, a emitir una Ley que ofrezca justicia y medidas de reparación a víctimas.
“La Asamblea, tanto la anterior como la actual, no ha hecho nada, ni quiere hacer nada por una ley de reparaciones ni por reconocer los días simbólicos, es grave porque se han archivado propuestas de ley de víctimas, y reconocimiento a personas defensoras”, cuestionó.
Sobre esto último, también piden a Estados Unidos que exija a El Salvador respetar el trabajo de las organizaciones y cesar ataques a defensores de derechos humanos. “Hay una escalada de difamación y persecución, se les tilda de fachada y contrarios al Gobierno”.
Díaz dijo que también han plasmado en el documento sanciones “más efectivas que sean necesarias para volver a la normalidad al país”.
El documento cuenta con firmas de las víctimas de las masacres de El Mozote, el Río Sumpul, La Quesera y de organizaciones que siguen de cerca el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
