Por: Redacción YSKL
Numerosas organizaciones lideradas por mujeres se pronunciaron hoy, en contra de aquellas iniciativas que impulsa la Vicepresidencia de la República, para reformar la Constitución, cuyo documento final fue entregado el miércoles al Presidente Nayib Bukele, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia Patria.
No obstante, señalaron que deben estar supeditadas a la restitución del orden constitucional, porque se quebrantó cuando se removió de sus cargos al Fiscal General de la República y Magistrados de la Sala de lo Constitucional, el pasado 1 de mayo; y se modificó la Ley de la Carrera Judicial, que manda al retiro a 264 jueces que cumplieron 60 años, o 30 de haber ejercido laboralmente.
Por lo que cuestionaron el proceso que se llevó a cabo para desarrollar la propuesta, pues no se requirió de diez Diputados para darle iniciativa de reforma, tal y como establece la actual Carta Magna.
“Esta propuesta de reformas constitucionales no formó parte de la oferta electoral, presidencial y legislativa, por lo tanto, el pueblo no emitió su voto por ello […] la propuesta que se ha dado a conocer se ha modificado en 215 artículos, suponiendo una nueva constitución que debería contar con amplio debate y consenso social”, señaló Milagro Alvarado, Representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.
Amalia López, del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, consideró que no hay condiciones para llevar a cabo las reformas, puesto que el Ejecutivo y el Legislativo “no han dado muestra de respetar y promover el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho”.
En cuanto a las ratificaciones de las enmiendas constitucionales, la propuesta del Gobierno elimina esta variante, algo que para Saraí Molina de la Unidad Sindical y Gremial de El Salvador, significa “graves retrocesos a las garantías de derechos fundamentales”.
“Se debilita el articulado de cláusulas pétreas, en lo relativo a la prohibición de reelección presidencial inmediata, así como su promoción. Las modifica e introduce cambios significativos como la creación de un tribunal constitucional independiente de la Corte Suprema de Justicia”, mencionó la sindicalista.
Las organizaciones mostraron su preocupación por los artículos que ordenan el partido único, la legalización de grupos armados más allá del Ejército y la Policía; y designa al Colegio de Abogados y Notarios, como la única instancia que elegirá ternas de Fiscal General, Procuradores y Magistrados.
Bessy Ríos, Defensora de Derechos Humanos recalcó que cualquier modificación a la ley debe realizarse mediante procesos de participación ciudadana, que no provengan de iniciativa del Presidente de la República. «Queremos que las reformas se hagan de frente a la población con una discusión amplia, con una discusión donde todos los sectores sean tomados en cuenta. No puede ser una propuesta que venga del poder a la ciudadanía», remarcó.
Los colectivos piden que en una futura propuesta, se planteen derechos básicos como la vida del no nacido como la gestante, integridad física y moral, libertad, agua, saneamiento, aire y alimentación de calidad, protección de datos personales, educación, seguridad, trabajo y derechos humanos. Así como imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de odio, genocidio, libertad sexual, y el libre ejercicio de religiones y expresiones de fe.
