La Comisión Política de la Asamblea Legislativa, socializó este martes, el anteproyecto de Ley de Reconciliación, con organizaciones de derechos humanos y de víctimas del conflicto armado, para hacer observaciones a la nueva normativa, a las puertas del plazo fatal que vence este 28 de febrero.
Según el presidente del congreso, Mario Ponce, el 90% de la ley, se ha elaborado con base a las propuestas de las asociaciones, y las consultas a víctimas del conflicto.
«Lo que no se va a poder es destrozar el documento, que no haya ley; porque nosotros no vamos a volver a pedir otra prórroga a la Sala de lo Constitucional», indicó.
Dicha ley debe cumplir con garantías de acceso a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para las víctimas.
Al finalizar la reunión, algunas organizaciones expresaron su descontento con la nueva legislación, siempre en lo que respecta a las penas para los que cometan crímenes de guerra y de lesa humanidad.
David Morales, de Cristosal, asegura que a partir de que la ley permite conmutar hasta una quinta parte de la condena, si el acusado se somete a colaborar con las autoridades “ya es un absurdo, es un contrasentido”, porque no se cumple el parámetro de acceso a la justicia, en la sentencia emitida en el año 2013.
“Imagínense una justicia penal sin pena (…) lo que están haciendo es que hablan de imprescriptibilidad, formalmente hablan de juicios, pero en la práctica mantienen disposiciones, de que las penas no se harán efectivas”, denunció Morales.
El abogado manifestó que las condiciones de indultos o conmutaciones, dejan abierta la condición de los imputados, tales como: edad, condición de salud y grado de participación.
Además hizo hincapié que la Ley de Reconciliación imparte “justicia ambigua”; porque le da libertad a los jueces para procesar a imputados con el código penal de 1974 y el actual, que fue reformado en 1998.
“Imaginémonos delitos gravísimos de tortura, que en el viejo código penal no existía el delito, y puede quedar reducido a lesiones, y la pena mínima será de meses”, advirtió.
La Mesa Nacional contra la Impunidad señaló que la legislación transitoria, “no existe evidencia de que los testimonios y aportes hechos en estos foros, han sido incluidos en el proyecto de ley que se ha conocido en febrero de 2020”.
Las organizaciones pidieron retomar la propuesta que presentaron en Agosto de 2019 “en la que se propuso una mesa de trabajo multisectorial para elaborar un proyecto de ley consensuado”, reza parte del comunicado de pronunciamiento.
Óscar Pérez de la Fundación Comunicándonos, señaló que la propuesta es similar a la que promovió el Diputado Rodolfo Parker; que daba alternativas penales a los implicados en casos del conflicto armado, pero que “le hicieron cambios de fondo”.
Al terminar la reunión, Ponce hizo referencia a que se modificará la redacción de los artículos 59, 60 y 66 de la Ley.
“También hay que ir a revisar el artículo 37 que tiene que ver con el presupuesto, y la financiación de las reparaciones; en la parte que tiene que ver los principios rectores, no tenemos problemas, porque serán adoptados por derecho humanitario internacional, y vamos a considerar”, explicó.
