«No tenemos por qué tener escondido nada, ya pasó la guerra; es más, estoy gestionando con Naciones Unidas (ONU) para poder traer los archivos de Nueva York de todo el proceso de la negociación y otros archivos que están en una Universidad, sobre todo sobre el tema de la depuración de la Fuerza Armada», afirmó el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa a la prensa este viernes.
Esto luego que organizaciones de derechos humanos solicitaran al Gobierno la cooperación en la apertura de archivos militares sobre el pasado Conflicto Armado en la década de los 80 y principios de los 90.
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De acuerdo con Ulloa, «no se vale tener escondido ningún tipo de información, sobre todo si la pide un juez. El pueblo tiene que conocer».
Asimismo, celebró que uno de estos casos logró una condena contra el Coronel Inocente Montano, quien fue declarado culpable del asesinato de los jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
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No obstante, el pasado 6 de marzo el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tenía programado que representantes de la Universidad de El Salvador (UES) inspeccionaran los archivos de la Fuerza Armada, correspondientes a operativos dentro del Álma Máter desarrollados entre los años 1970 y 1995, donde miembros del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) no permitieron que la diligencia se realizara.
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En ese caso, fue en 2018 que se declaró la «inexistencia» de los archivos y se realizaría la inspección para verificarlo y comprobarlo.
Posteriormente, el 1 de agosto el IAIP le dio 50 días al MDN para localizar toda la información que la institución castrense cuenta sobre las intervenciones a la UES, de no encontrarse, la Fuerza Armada deberá ejecutar las diligencias encaminadas a recuperar y reconstruir la información solicitada.
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Por otra parte y como el evento más próximo, el 21 de septiembre se realizará por primera vez por orden judicial la inspección de archivos militares relacionados a la Masacre de El Mozote en 1981, tras el avance del proceso en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, mismo por el que se acusa a cerca de 17 militares.
Estas inspecciones se realizarán en las dependencias militares ubicadas en San Salvador, San Miguel y San Francisco Gotera, que serán encabezadas por el juez de instrucción y participarán peritos internacionales que deberán presentar un informe final en diciembre, así como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
