Este martes, el juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, intentó realizar una quinta jornada de inspección de archivos militares de la Masacre de El Mozote y Sitios Aledaños, en la 3º Brigada de Infantería en San Miguel. Sin embargo, la diligencia no se llevó a cabo debido a la negativa de los oficiales a cargo del recinto.
La inspección forma parte del proceso judicial contra 17 militares, implicados en la muerte de 889 salvadoreños el 13 de Diciembre de 1981, en Meanguera, Morazán.
#LoÚltimo || Este día el juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, intentará realizar la inspección de archivos programada para este día en la 3º Brigada de Infantería en San Miguel. Se encuentra presente personal de @FGR_SV, @PDDHElSalvador y peritos. pic.twitter.com/4XZECNGYo2
— Radio YSKL (@radioyskl) October 27, 2020
«Quisiera que nos abra y nos permita entrar para dar cumplimiento a esta orden judicial de inspección», dijo el Juez al oficial de la Fuerza Armada, que negó identificarse. “Ya cubrimos la zona central y ahora estamos cubriendo el oriente del país, se trata de archivos militares de brigadas que participaron supuestamente en los hechos”, explicó Guzmán en un intento de convencer al guardia.
Desde una caseta con vidrio polarizado, el representante de la 3ra Brigada respondió que no podían entrar a las instalaciones, a pesar que Guzmán les recordó que la orden judicial es de obligatorio cumplimiento.
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“Ustedes tienen una línea de mando, no sé si me podría decir ¿quién le ha dado instrucciones para decirme que no permiten el ingreso a esta instalación militar? Usted no está obligado a obedecer una orden que es ilegal, de manera que si le han ordenado que no me dejen entrar estaría incurriendo en una actitud delictiva de no dejarnos entrar ¿Sabe de eso o conoce usted?”, preguntó nuevamente Guzmán. El oficial respondió que no tenía conocimiento de las indagaciones y posteriormente el juez se retiró.
Brevemente las autoridades judiciales dijeron a los medios de comunicación, que levantarán un acta que da cuenta la no realización de las inspecciones.
Para David Morales, de Cristosal, una asociación que defiende a parte de las víctimas de la matanza, señaló que hay un incumplimiento deliberado, por órdenes del alto mando del Ejército salvadoreño.
“Se ha hecho una práctica habitual del Gobierno del Presidente Bukele, como Comandante General de las Fuerzas Armadas, y del Ministro de la Defensa como Jefe del Alto Mando, al Juez le dieron los mismos argumentos de siempre, lo que significa que hay incumplimiento, e incluso se estaría hablando de encubrimiento”, valoró.
El abogado enfatizó que la defensa de los oficiales Rafael Flores Lima, Francisco Adolfo Castillo, Juan Rafael Bustillo Toledo, Natividad de Jesús Cáceres, Juan Ernesto Méndez Rodríguez, José Antonio Rodríguez Molina, Luis Adalberto Landaverde Barrera, José Mario Godínez Castillo, Mauricio Isaac Duke Lozano, Walter Oswaldo Salazar Martínez, Óscar Córdova Hernández, Roberto Antonio Garay Saravia, César Augusto Milla Flor, Carlos Eduardo Cáceres Flores, Jorge Armando Alfaro Bautista, Rafael Santiago del Cid Aguirre, Salvador Augusto Guzmán Parada, habían dicho que los documentos podían ser consultados en la biblioteca del Ejército.
«Se iban a buscar documentos de prensa, actas de destrucción de archivos, normativa militar, expedientes administrativos, documentación militar, que existen, no nos cabe duda; hay 2 planes militares, de los años 85 y 87 entregados por la misma Fuerza Armada al Juez, entonces la tésis que no existen los documentos es falsa, que utiliza el Gobierno para desviar la atención al cometimiento de delitos», expresó.
Asimismo se conoció que Guzmán recibió los cinco paquetes que el Presidente Nayib Bukele mostró en Cadena Nacional, y que supuestamente contienen toda la información que se encontró acerca de la Masacre de El Mozote.
