Por: Redacción YSKL
El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera inició este lunes una serie de exhumaciones en el marco de las investigaciones en el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños el 10 de diciembre de 1980, en Meanguera, Morazán.
Las excavaciones darán inicio en el Cantón Cerro Pando, del Caserío El Barrial en Meanguera; el lugar ha sido identificado por la parte afectada en el proceso judicial, que preside la jueza Mirtala Teresa Portillo, quien también supervisará las indagaciones.
En el lugar ya se encuentra el Equipo Argentino de Antropología Forense que acompañará las exhumaciones. La diligencia fue solicitada por la Comisión de Búsqueda de Niños y Niñas desaparecido/as (CNB) durante el conflicto armado.
Según calendario el procedimiento ha sido programado del 14 al 25 de febrero. Se exhumarán dos fosas: Cantón Cerro Pando y el Cantón La Joya. Se espera recuperar restos de aproximadamente 16 víctimas, la mayoría niños y niñas.
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Los hechos
El gobierno militar salvadoreño realizó una acción antiguerrillera en el norte de El Salvador, denominada Operación Rescate. En ella participaron el batallón Atlácatl, participaron unidades de la Tercera Brigada de Infantería y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera.
En la tarde del 10 de diciembre de 1981, unidades del batallón Atlácatl del ejército salvadoreño llegaron al Mozote en busca de insurgentes del FMLN. El Mozote era una pequeña población rural con cerca de veinticinco casas situadas alrededor de una plaza, además de una iglesia católica y, detrás de ella, una casita conocida como el Convento, que usaba el sacerdote durante sus visitas a la población. Cerca de la aldea había una pequeña escuela. A su llegada, los soldados ordenaron a los pobladores que salieran de sus casas y se formaran en la plaza. Allí les pidieron información sobre las actividades de la guerrilla y luego les ordenaron que volvieran a sus casas y permanecieran encerrados hasta el día siguiente, advirtiendo que dispararían contra cualquier persona que saliera. Los soldados permanecieron en la aldea durante toda la noche.
Las diligencias están programadas del 14 al 25 de febrero. Se exhumarán dos fosas: Cantón Cerro Pando y Cantón La Joya. Se espera recuperar restos de aproximadamente 16 víctimas, la mayoría niños y niñas.
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El mismo 11 de diciembre de 1981, los soldados mataron a más de veinte personas en el cantón La Joya; el día 12, unas treinta personas en el caserío La Ranchería; el mismo día, por unidades del batallón Atlácatl, los moradores del caserío Los Toriles; y el día 13, a los pobladores del caserío Jocote Amarillo, La Joya y del cantón Cerro Pando.
En El Mozote y en los demás caseríos fueron asesinadas más de quinientas personas identificadas, y varios centenares de víctimas que no han podido ser identificadas. De estas masacres existe el relato de testigos que las presenciaron, así como de otros que posteriormente vieron los cadáveres, que fueron dejados insepultos. En el caso de El Mozote, fue plenamente comprobada, además, por los resultados de la exhumación de cadáveres practicada en 1992, realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
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Investigaciones
La perito estadounidense Terry Karl reveló en abril de este año que un asesor militar de EE. UU. presenció la masacre. De acuerdo con Karl, en El Mozote se encontraba junto al teniente coronel Domingo Monterrosa -señalado de encabezar la masacre en el terreno- el sargento mayor Bruce Hazelwood. La experta añadió que «la presencia de un asesor militar de Estados Unidos con Monterrosa» era «ilegal» en esa época y que Hazelwood es «el único americano (estadounidense) que puede saber las órdenes verbales» que se dieron durante el crimen.
Karl dio esta declaración ante el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, en una audiencia de adelanto de pruebas en la causa penal que enfrentan 15 militares retirados por la masacre de El Mozote y sitios aledaños.
De acuerdo con la experta, Hazelwood declaró bajo secreto ante la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que investigó los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992). Ante esa comisión, que emitió un informe final en 1993, dijo: «no diré que Monterrosa no lo ordenó», en referencia a la masacre.
