Por: Redacción YSKL
La Fiscalía General de la República (FGR) dejará sin efecto el convenio de cooperación institucional que adquirió con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), anunció el titular, Rodolfo Delgado.
En una rueda de prensa organizada este viernes, el funcionario afirmó que la medida obedece a que recientemente, la Organización de Estados Americanos (OEA), ente que auspicia a la CICIES, le dio a Ernesto Muyshondt, ex Alcalde de San Salvador, un puesto como asesor en la oficina principal del organismo.
Muyshondt está siendo procesado en el Juzgado 4° de Paz de San Salvador, por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, en un caso que involucra negociaciones con pandillas con fines electorales. Pero, actualmente goza de medidas sustitutivas a la detención.
“Irónicamente con esa Secretaría (…) el país ha suscrito un convenio de cooperación. Como Fiscalía no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que está siendo asesorada, por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales. Un delincuente confeso que ante las cámaras aceptó que entregó dinero a los pandilleros, todo el pueblo salvadoreño fue testigo”, reprochó.
Delgado dijo que dirigirá la correspondencia para que en los próximos 30 días cese la cooperación. Además, pedirá a la Cancillería de la República, desvanecer el acuerdo marco. “Aquí estamos saliendo a trabajar con la comunidad internacional, y recibir apoyo al combate a la corrupción, pero no es posible que recibamos ayuda de una organización que recibe asesoría de un delincuente”, aseveró.
#LoÚltimo || El Fiscal General, Rodolfo Delgado, pedirá al Juzgado 4° de Instrucción, revocar medidas a favor de Ernesto Muyshondt y ordenar su captura.
— Radio YSKL (@radioyskl) June 4, 2021
La FGR y la CICIES suscribieron el convenio de cooperación institucional el 9 de diciembre del 2019, que buscaba fortalecer el combate de los delitos de corrupción y la impunidad, este fue suscrito por el antecesor de Delgado, Raúl Melara, quien fue substituido el pasado primero de Mayo, por la Asamblea Legislativa.
La instancia internacional había brindado 32 asistencias técnicas al Ministerio Público, y en el pasado marzo, había notificado de 12 irregularidades de indicios de corrupción en cinco carteras de Estado, en el marco de la emergencia por el COVID-19.
El 3 de marzo, el Comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, había enviado a la Asamblea Legislativa, un pliego de reformas para reforzar sus capacidades investigativas y conseguir la figura de querellante en los procesos judiciales relacionados a corrupción.
Asimismo, sugirió a la nueva legislatura, reformas a la Ley de Enriquecimiento Ilícito, Código Procesal Penal, y Penal; Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos; reforma o derogación a la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMID; Ley de Ética Gubernamental; y Ley Especial de Extinción de Dominio. Además, incluía un legajo de reformas para ordenar la elección de funcionarios de segundo grado por parte de los Diputados.
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En el caso de Muyshondt, se le procesa de un caso de negociaciones con pandillas. Fue señalado en casos célebres que se ventilaron en tribunales: Operación Jaque, Caso Tregua y Operación Cuscatlán; este último develó un entramado entre políticos de ARENA y FMLN, que implica en acuerdos bajo la mesa con los terroristas a cambio de apoyos electorales para las elecciones presidenciales del 2014.
En este proceso están siendo acusados el ex Ministro de Gobernación del FMLN, Arístides Valencia, el ex Ministro de Justicia y Seguridad del mismo, Benito Lara; el periodista Paolo Lüers; el ex mediador en la tregua entre pandillas (2013-2014) Raúl Mijango, el pastor Wilson Alexander Alvarado. Asimismo, Norman Quijano, quien corrió por las presidenciales y Muyshondt fue señalado de brindar dinero a las pandillas para que votarán por él en las urnas.
La investigación del presente caso se originó debido a declaraciones de dos testigos con criterio de oportunidad denominados “Noé y Salomón”, quienes eran miembros activos de grupos terroristas en la época en que presuntamente ocurrieron los hechos, estos señalaron que se mantenían negociaciones con beneficios bilaterales entre maras y dichos actores políticos que benefició a terroristas al interior de los centros penales y a los que estaban en libertad.
Esto quedó grabado en videos y audios que Noé entregó a la FGR, cuando concluyó el caso conocido como Operación Cuscatlán, donde se procesaban a más de 400 pandilleros de varios ilícitos.
ARENA, con Muyshondt a la cabeza de las interlocuciones, pagó 138 mil dólares, presuntamente con la intención de salir favorecidos en las elecciones de alcaldes y diputados el año 2015, esto a través de Lüers y Mijango, quienes se reunieron con los terroristas. En el reporte fiscal también señala que en las presidenciales de 2014, sostuvieron reuniones con la MS y la pandilla 18, para buscar la victoria de Norman Quijano, quien era el contrincante de Sánchez Cerén.
